El próximo primero de diciembre entra en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales: un nuevo estándar para la privacidad
Con esta nueva legislación, Chile eleva sus estándares de protección al nivel del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, fortaleciendo los derechos de los ciudadanos y creando una agencia especializada en la fiscalización de su cumplimiento. Además, la ley abre nuevas oportunidades para la economía digital y facilita el intercambio internacional de datos con socios comerciales como la Unión Europea.
El Congreso aprobó el año 2024 la Ley N° 21.719 que modifica la Ley N° 19.628 de Protección de la Vida Privada -partiendo por cambiarle el nombre que a partir de diciembre próximo pasará a llamarse “de Protección de los Datos Personales”. La nueva norma busca regular el tratamiento de datos personales y establece la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, encargada de fiscalizar su cumplimiento.
¿Qué establece el nuevo marco legal?
La Ley de Protección de los Datos Personales regula las condiciones bajo las cuales debe realizarse el tratamiento de los datos personales, garantizando la protección de los derechos de sus titulares. Esta normativa actualiza la legislación vigente, alineando el estándar chileno con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, considerado la referencia global en la materia.
Entre los derechos detallados en la ley, se incluyen:
Acceso: derecho del titular de datos a solicitar y obtener del responsable, confirmación acerca de si sus datos personales están siendo tratados por él, acceder a ellos en su caso, y a la información prevista en esta ley.
Rectificación: derecho del titular de datos a solicitar y obtener del responsable, que modifique o complete sus datos personales, cuando están siendo tratados por él, y sean inexactos, desactualizados o incompletos.
Supresión: derecho del titular de datos a solicitar y obtener del responsable, que suprima o elimine sus datos personales, de acuerdo a las causales previstas en la ley.
Oposición: derecho del titular de datos a solicitar y obtener del responsable, que no se lleve a cabo un tratamiento de datos determinado, de conformidad a las causales previstas en la ley.
Portabilidad: derecho del titular de datos a solicitar y obtener del responsable, una copia de sus datos personales en un formato electrónico estructurado, genérico y de uso común, que permita ser operado por distintos sistemas, y poder comunicarlos o transferirlos a otro responsable de datos.
Bloqueo: que es la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento de los datos almacenados
La ley establece procedimientos claros para que los titulares de los datos puedan ejercer estos derechos ante las entidades responsables de su tratamiento.
Ámbito de aplicación
La regulación afectará a quienes traten datos personales dentro del territorio nacional o lo hagan en nombre de entidades ubicadas en Chile, sean estas públicas o privadas. Además, se aplicará a quienes, desde el extranjero, ofrezcan bienes o servicios a personas en Chile, incluso si los datos son tratados fuera del país.
Creación de la Agencia de Protección de Datos Personales
Uno de los pilares de la nueva ley es la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, una entidad destinada a supervisar el cumplimiento de la ley y a imponer sanciones en caso de infracciones. La normativa clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas, con sanciones que van desde 5.000 a 20.000 UTM, convirtiéndose en una de las multas más altas del ordenamiento jurídico chileno.
Impacto internacional
La implementación de esta ley permitirá que Chile sea reconocido por la Comisión Europea como un país con un nivel adecuado de protección de datos personales. Esto facilitará la transferencia internacional de datos entre Chile y la Unión Europea, uno de sus principales socios comerciales.
Además, la aprobación de esta normativa cumple con uno de los compromisos adquiridos por Chile al ingresar a la OCDE en 2010. Con esta ley, Chile no solo protege los derechos de sus ciudadanos, sino que también impulsa la economía digital bajo estándares internacionales.